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Boletín de prensa 20 de mayo de 2011
EL TIEMPO
ONCE MIL MUERTOS APARECEN COMO BENEFICIARIOS DE RECOBROS
Según el general Óscar Naranjo, varias IPS del país serían ficticias.
Esa es una de las afirmaciones contenidas en el expediente por el fraude a las arcas de la salud.
Conoció que en un primer cruce de información de las bases de datos de los recobros, al menos 11 mil personas están reportadas como fallecidas en las listas de la Registraduría Nacional.
También aparece el hallazgo de la compra de una base de datos con información de usuarios por 250 millones de pesos.
Ese es uno de los puntos de investigación en el proceso, pues pese a que se ha evidenciado que una de las modalidades era la compra de listados con nombres de afiliados para hacer los recobros ante el Fosyga, las autoridades creen que entre las listas traficadas no solo hay nombres de ciudadanos del común sino bases de datos de instituciones y de la Fuerza Pública.
IPS 'garaje'
Hace dos semanas, las autoridades encontraron las primeras IPS de 'papel' de las que habló el jueves el director de la Policía, el general Óscar Naranjo.
Según reveló la Policía, existe "documentación que acreditaría que varias IPS son de fabricación ficticia, de papel, a través de las cuales se produjeron maniobras de defraudación".
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que cuando las autoridades inspeccionaron algunas sedes de IPS (centros médicos que prestan el servicio de salud) hallaron, especialmente en Barranquilla, casas abandonadas, garajes y hasta lotes, y no clínicas y hospitales.
En otros casos, encontraron papelería y sellos correspondientes tanto de centros médicos como de autoridades de salud.
Lo investigadores creen que casos similares se repiten en la Costa Atlántica, por eso allá se trasladarán las pesquisas de esas IPS que servirían de fachada.
Incluso, la Fiscalía dedica a un fiscal para investigar esta otra modalidad de fraude.
TRIBUNAL NIEGA CONCILIACIÓN ENTRE SUPERSALUD Y SALUDCOOP
Pacto anularía sanción -que ordenó a EPS redirigir inversiones- a cambio de no demandar a la Súper.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la conciliación a la que habían llegado la Superintendencia de Salud y la hoy intervenida Saludcoop para poner fin a un litigio.
En el acuerdo, la Súper accedía a revocar dos resoluciones que obligaban a la EPS a redirigir 608.000 millones de pesos, a cambio de que Saludcoop no la demandara por violarle el debido proceso.
Según el superintendente de Salud, Conrado Gómez, si bien hubo elementos para sancionar a la EPS, la administración de su antecesor -Mario Mejía- se equivocó en el procedimiento al dejar a la entidad ad portas de una demanda.
Por eso, con el acompañamiento de la Procuraduría, firmó la conciliación.
"Se saltaron los manuales de procedimiento", explicó el Superintendente.
dos de los tres magistrados que estudiaron su legalidad se negaron a aprobarla.
Aunque el texto de la decisión aún no se conoce, desde ayer jueves Gómez estudia con su equipo jurídico los caminos que le quedan a la Súper para solucionar este pleito.
Entre otros, está el de apelar ante el Consejo de Estado, revocar directamente las resoluciones o declarar su nulidad.
"Con Saludcoop intervenida, las cosas cambian", afirmó Gómez, y
agregó que cualquiera que sea la decisión que se tome se investigará el supuesto desvío de los 608.000 millones de pesos.
También aclaró que le entregó personalmente la resolución de
intervención de esa EPS a la Contraloría, que cuestionó que el único argumento para su toma sea la falta de liquidez.
Al respecto, fuentes de Saludcoop informaron que el jueves Carlos Palacino, su ex presidente, presentó un recurso legal contra la decisión de intervención.
Gómez defiende la intervención
En una carta dirigida al Supersalud, la contralora Sandra Morelli dijo que no se justifica haber intervenido a Saludcoop por simples problemas de liquidez, y lo conminó a que investigue a fondo las irregularidades. Gómez respondió que "todos los hallazgos se investigan" y que el problema de la EPS no es sólo de liquidez.
Caprecom, otra EPS con problemas de liquidez
"Si hubo argumentos para que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera a Saludcoop, existen aún más para intervenir a Caprecom".
Con estas palabras, el secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Rivera, se quejó de los efectos negativos que la situación financiera de esta EPS del régimen subsidiado tiene sobre la red hospitalaria de ese departamento. El pronunciamiento lo hizo el miércoles en Bogotá, en la reunión de los secretarios de salud departamentales con el supersalud, Conrado Gómez.
El funcionario dice que pidió intervenir a esta EPS pública porque "no les puede garantizar atención a los usuarios (...) Nadie quiere recibir pacientes de Caprecom, porque no es coherente con las deudas que dice tener".
El director general de Caprecom, Mario Andrés Urán, reconoció las deudas e insistió en que la EPS es "financieramente viable". Esa EPS, según Urán, les debe a clínicas y hospitales alrededor de 425 mil millones de pesos.
"Pro los municipios nos deben 278.000 millones de pesos y otras EPS -cuyos afiliados atendemos, porque no hacen presencia en todo el país- nos adeudan 203.000 millones de pesos. Con eso podríamos cubrir nuestras acreencias. Es un problema de caja, que se puede resolver", asegura Urán.
Aunque Urán afirma que las cuentas por cobrar superan las deudas, fuentes consultadas por EL TIEMPO sostienen que la realidad sería otra, y que a lo sumo a la EPS le deberían unos 250.000 millones de pesos, que, en buena medida, hacen parte de una cartera de difícil recuperación.
La última palabra la tiene Conrado Gómez, quien aseguró que en este momento un equipo de la entidad analiza los resultados de la visita que le fue practicada a Caprecom. "Con base en los hallazgos, se tomará una decisión en los próximos días", dijo.
Primeras IPS de 'papel', en la Costa
En el fraude de la salud, en el que están en la mira varias EPS, también estarían comprometidas las instituciones prestadoras de salud (IPS).
Así lo reveló ayer el director de la Policía, el general Óscar Naranjo, al confirmar "el hallazgo de documentación que acreditaría que varias IPS son de fabricación ficticia, de papel, a través de las cuales se produjeron maniobras de defraudación".
Las IPS son los centros médicos, clínicas y hospitales que las EPS contratan para atender a sus afiliados.
EL TIEMPO conoció que cuando las autoridades inspeccionaron algunas sedes hallaron, especialmente en Barranquilla, casas abandonadas, garajes y hasta lotes, y no centros médicos.
Fuentes oficiales dijeron que la mayoría de los casos de IPS de "papel" están en la Costa Atlántica.
De otro lado, las autoridades determinaron que al menos 11.000 personas muertas aparecen como beneficiarias de los recobros al Fosyga.
También se están revisando las bases de datos de las EPS del régimen subsidiado.
GUÍA BÁSICA PARA ENTENDER EL ESCÁNDALO EN EL SECTOR DE LA SALUD
Uno de los grandes defectos del sistema de salud es que tiene demasiados intermediarios.
Compartir 10Para entender por qué el sistema está en crisis e invadido por la corrupción.
La complejidad del actual sistema de salud en Colombia es enorme. Construido con base en la Ley 100 de 1993, tiene dos tipos de regímenes: contributivo y subsidiado.
Para entender mejor cómo funciona y las razones que han llevado a que el sistema esté en crisis y ahora, invadido por la corrupción, es necesario conocer términos como recobros, Fosyga, medicamentos y procedimientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), mesas de trabajo por compensación, Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS), entre otros.
¿Por qué estalló la crisis del sector?
La permanente desactualización del POS, la falta de un cálculo exacto sobre el valor de la salud de cada colombiano (UPC) y el desorden en las bases de datos, sumados a una multiplicidad de normas ambigüas, llevaron a una desfinanciación del sistema. Este problema se agudizó en los últimos tres años por el desborde de los servicios no POS que, al estar por fuera del sistema, han sido asumidos por las reservas, hoy ya casi agotadas.
¿Qué es un recobro?
Es el dinero que el sistema, a través del Fosyga, les reembolsa a las EPS por la prestación de servicios por fuera del POS a sus afiliados. Para determinar si el recobro tiene consistencia, el Fosyga hace un análisis médico, jurídico y financiero.
¿Cuál es el papel de las IPS y de las EPS?
Cuando un paciente acude a un hospital o clínica (IPS) para pedir un medicamento, tratamiento o procedimiento y éste no está incluido en el POS, la IPS remite el caso a la EPS correspondiente, que debe, por ley, convocar un Comité Técnico-Científico para decidir si asume el costo. Sin embargo, según las autoridades, en muchos casos las EPS no cumplen con la convocatoria de esos comités y los pacientes deben recurrir a la tutela para acceder al medicamento o procedimiento que necesitan.
¿Qué son las mesas de trabajo?
Fueron creadas de manera temporal en el 2006, por resolución del Ministerio, para revisar la decisión de aprobar o no 21.000 recobros específicos y eran lideradas por la hoy ex funcionaria Claudia Rojas, más conocida como 'La doctora NO', porque solía lograr que las mesas emitieran un concepto negativo. Ese era el primer paso para que entraran a jugar las empresas fachada que sirven de intermediarias.
Las investigaciones de la Fiscalía comprobaron que una de esas empresas era propiedad de Édgar Isaías Medina Millán, también detenido el lunes pasado.
¿Cuál es la base de esta crisis?
Los recobros legítimos al sistema crecieron, en menos de tres años, de 300.000 millones de pesos a 2,4 billones, lo que implica que una enorme cantidad de solicitudes de las EPS se enfrentan a trámites que chocan con el desorden del sistema. Ese caos fue aprovechado por varios funcionarios, empleados de las EPS y particulares, para crear mecanismos para defraudar al sistema a través de empresas intermediarias, falsificación de documentos o levantamiento de glosas.
¿Qué dice el gremio de las EPS?
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) no quiso pronunciarse el viernes pasado sobre los más recientes hallazgos de los organismos de control y de las autoridades, y prefirió quedarse con el escueto comunicado que emitió un día después de que estalló el escándalo. En la nota, las EPS afiliadas a Acemi manifestaron que apoyan "las investigaciones en relación con los recobros al Fosyga", y afirman que prestarán "toda la colaboración que resulte necesaria para el desarrollo de las citadas investigaciones".
POR QUÉ ES ATROZ EL FALLO
Álvaro Valencia Tovar
Así se fundamentaron las condenas en primera instancia para los comandantes que cumplieron su deber y la terminante orden presidencial.
* Reapertura irregular de Cosa Juzgada bajo competencia de la Justicia Militar por la Fiscalía, olvidando que la Comisión de juristas designada por el presidente Betancur coincidió con la JPM en exonerar al Ejército y sus jefes de responsabilidad penal y disciplinaria. El caso se archivó. Veinte años después, la Fiscalía reabrió el proceso contra el Ejército, dejando por fuera al M-19, culpable de asalto sangriento. Es notorio el ánimo persecutorio contra los militares.
* El argumento de la Fiscalía fue que existió el delito de Desaparición Forzada de personas, simple presunción sin prueba alguna. Tal delito no existía para la época y si no hay delito porque no hay ley que lo contemple, erró la Fiscalía.
* El Instituto de Antropología de la Universidad Nacional entregó 27 cadáveres a la Fiscalía. Once no pudieron ser identificados, pues su total incineración no lo permitió. ¿Qué se hizo con el resto? ¿Por qué no se hicieron pruebas de ADN y necropsia de los restos extraídos de la fosa común?
* Veinte años después, la memoria borrosa de los hechos y los videos disponibles imprecisos, testigos claves desaparecidos y otros nuevos aleccionados para mentir desfiguran la realidad. En adelante, la justicia deja de serlo para indicar un espíritu persecutorio y vengativo, con ostensible manipulación de los nuevos testigos por un célebre colectivo de abogados y una ONG comprobada enemiga del Ejército.
* En 1990, la Procuraduría General abre investigación disciplinaria. La encabeza un discípulo y admirador del presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía, sacrificado por los terroristas ante la negativa presidencial de detener el combate. Dicho personaje ordena al Procurador Delegado para las FF. MM. destituir al general Arias Cabrales y, al recibir la negativa por falta de razones, lo destituye y reemplaza por otro, obsecuente servidor, que cumple la orden.
* Se recurre entonces a tres "testigos presenciales". El ex cabo de la Policía, desertor de la institución siete años atrás, Ricardo Gámez Mazuera. Certificaciones de la Policía, el DAS y el Ejército comprueban que para la fecha no pertenecía a ninguna de las tres fuerzas, pero en cambio dueño de un rico prontuario delictivo. Su testimonio es una simple carta registrada en notaría, dirigida al Procurador la víspera de ser enviado al exterior, lo que impide el interrogatorio de rigor. La carta se agrega al expediente como "prueba reina" por la fiscal Ángela Buitrago, hoy en Alemania.
El segundo es el cabo Édgar Villamizar o Villarreal, según se tome la cédula de ciudadanía, corresponde a Villamizar, y o la firma que un grafólogo comprueba falsificada en la carta. Segunda prueba reina de la acuciosa fiscal Buitrago. El tercero es el cabo Tirso Sáenz Acero, rechazado por mentiroso al afirmar que regresó a la Escuela de Caballería la noche del 6, en un blindado, siendo que los vehículos permanecieron en la Plaza de Bolívar hasta el día 7.
Mucho más podría decirse sobre este horror, pero el espacio no lo permite. Así se fundamentaron las condenas en primera instancia de 30 y 35 años de prisión para los comandantes que cumplieron su deber y la terminante orden presidencial.
Otrosí. El procurador Alejandro Ordóñez, en su función constitucional de vigilancia, halló tal suma de inconsistencias y fallas graves en el proceso, que pidió su anulación y absolución total de Arias Cabrales y Plazas Vega. ¿Qué decidirá el Tribunal Superior de Bogotá en la segunda instancia?
EL ESPECTADOR
PROTESTA EN VÍA PÚBLICA
Editorial
El ministro del interior y de justicia, Germán Vargas Lleras, presentó hace siete meses el proyecto de ley de seguridad ciudadana, una iniciativa que le daría al Gobierno las herramientas para combatir la delincuencia común y las llamadas bandas criminales, que han crecido en varias ciudades del país.
En el texto, que se encuentra ya en último debate, se han filtrado sin embargo propuestas que no es muy claro tengan relación con tal propósito. Entre ellas, el Artículo 353A, sobre la obstrucción de vías públicas durante manifestaciones.
Es difícil entender cómo este punto pueda ser un asunto de urgencia para la seguridad y deba ser agilizado, como lo ha pedido el ministro, junto con los demás. Pero más difícil de entender es su contenido: “El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
El debate sobre el derecho al espacio público para la legítima protesta es interesante, además de válido y necesario. La frontera entre el derecho fundamental a la libre movilidad y el derecho más amplio, en estos casos, a la libre expresión, es difusa y vale la pena discutir hasta qué punto se puede bloquear una vía principal si esto implica dejar prácticamente como rehén a una parte de la población; en especial, cuando se trata no sólo de personas que quedan impedidas para ir a trabajar o a volver a sus hogares —como sucedió con el barrio de Bosa durante el pasado paro camionero en la capital—, sino cuando éstas hacen parte de la población económica y socialmente más vulnerable. Un matiz adicional que vale la pena incorporar en el debate es si la visibilización de una problemática social es realmente equiparable con el interés, normalmente económico, de un grupo en particular y, en esa medida, si corresponden o no las mismas licencias. Tal discusión se da actualmente en España y se dio a comienzo del año en Argentina.
No obstante, por sensatas que suenen varias restricciones a las manifestaciones en espacios públicos, hay que ser cuidadosos con que éstas no se dirijan a entorpecer el derecho a tener una voz; con independencia, vale la pena recordar, de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal que tenga aquello por lo que se aboga. La libertad de expresión es fundamental para el ejercicio de los Derechos Humanos y para la consolidación de la democracia. Cualquier limitación tiene que ser ampliamente aceptada y ciertamente no puede tratarse de un artículo camuflado en un proyecto de ley presentado, además, para algo distinto. Menos aun cuando los castigos que se están proponiendo no son una ampliación de las actuales sanciones administrativas, sino la implementación de sanciones penales.
El uso de la violencia es censurable, también en las manifestaciones. Pero castigadas deben ser las expresiones de violencia ya tipificadas en el Código Penal de manera que lo que se penalice sean los actos criminales en cuanto tales y no el hecho de protestar. Algo que no es lo que parece buscar el artículo que establece una pena de hasta ocho años de prisión por obstaculizar por “medios ilícitos” una vía pública, cuando lo que esto significa es manifestarse —no importa si pacíficamente— sin el aval de los mandatarios municipales o nacionales. Un aval que, por lo demás, puede ser retirado en cualquier momento. Semejante desproporción entre la pena y lo que puede considerarse un delito no está justificada. En el Artículo 46 de la Constitución de 1886 se leía: “las autoridades pueden disolver toda reunión (las manifestaciones estaban prohibidas) que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas”. ¿Vamos, veinte años después, de regreso?
MONSTERS INC.
Por: Catalina Ruiz-Navarro
La propuesta de la senadora Gilma Jiménez para que haya cadena perpetua para los que cometen delitos contra menores, es, primero un pésimo castigo, y segundo, una reforma a las ideas fundamentales de Colombia como Nación.
En Colombia, a juzgar por la Constitución de 1991, se considera que los individuos no son estáticos, que pueden rehabilitarse, cambiar sus vidas, es decir, son dueños de su destino, como lo son los hombres de la Modernidad. La Constitución colombiana no permite la cadena perpetua porque se cree en la posibilidad de resocialización de los criminales.
Si se aprueba la propuesta de la senadora Jiménez pasaríamos a considerar, como Nación, que unos criminales pueden rehabilitarse y otros no, y que podemos vilificar sin remedio a unas personas sin conocer las causas de sus acciones. Una causa no es una justificación, no exime a un criminal, pero una condena sin conocimiento de causas entorpece las justicia. No basta con encerrar a todos los pedófilos si no sabemos qué los ha llevado a ser así, cuál es la responsabilidad de la sociedad en su comportamiento y cómo repararlo y evitarlo.
Sin la posibilidad de rehabilitación las cárceles no son más que ratoneras, lugares donde unos parias van a acabar sus días. Me dirá la senadora que los violadores de menores deben ser parias y tal vez sí, dirá que son ratas, y hasta puede ser, pero negar de tajo la posibilidad de rehabilitación, con una cadena perpetua, es negarles su humanidad y quién es ella, o quiénes somos nosotros para hacerlo.
Esa moral en alto contraste de la senadora Jiménez casi sirve para eximirnos a todos de la culpa de tener un país con oportunidades desiguales y penosa educación, con una historia de violencia inscrita en las calles. Sirve para decir “ellos son malos, yo soy buena” con esa tranquilidad maniquea e irreal de los cuentos de hadas. De pronto dormirá mejor la senadora si todos los “monstruos” están encerrados, y mejor aún si todos nos infantilizamos como ella, y decidimos que nos basta con el paliativo de esconder los problemas bajo la alfombra.
Porque la solución de Jiménez, además, es facilista, se trata de cerrar los ojos y esconder lo que no nos gusta. Yo me pregunto cuántos violadores de niños germinaran en una sociedad que vive en negación de sus impulsos más oscuros y sus manifestaciones.
Mejor sería que la senadora, que tanto piensa en los niños, se dedicara a hacer campañas por la educación, por el empoderamiento de los niños y niñas, por acabar con el silencio. Aquí la mejor estrategia es mostrar, hablar, visibilizar, y sin embargo la senadora propone callar y ocultar.
O tal vez es simplemente que la senadora se aprovecha de lo fácil que es empatizar con “los niños y niñas” para que la apoyemos desde nuestros más bajos instintos (esos mismos que dominan a los violadores) y entonces, todo su discurso sería una retórica monstruosa en la que los niños le importan un bledo tanto a ella como a los criminales.
La cadena perpetua es una castigo que no soluciona nada, no ataca el problema de raíz, lo esconde en el closet. En cambio, de ser aprobada, sí diría mucho de nosotros como país, como por ejemplo que somos capaces de escurrirnos en el molde de esa Nación indigna que propone la senadora en donde los monstruos somos nosotros.
EL NUEVO SIGLO
MÁS CASTIGOS POR BLOQUEOS VIALES
LA propuesta del Gobierno, incluida en el proyecto de Ley de Seguridad, de criminalizar los bloqueos de vías, ya sean selectivos o generales, sin duda alguna tiene grandes implicaciones, sobre todo en un país en donde se volvió costumbre que cualquier protesta, sin importar la motivación o pertinencia, desemboca en medidas de presión de facto como el taponamiento de carreteras, ya sean del orden nacional, territorial o local, generando con ello graves afectaciones a la ciudadanía así como millonarias pérdidas económicas en la región escenario de la manifestación.
El derecho a la protesta y la huelga está protegido por mandatos constitucionales y legales, y en modo alguno se puede restringir su ejercicio. Sin embargo, es claro que algunos sectores inconformes han pasado el límite, pues una cosa es la libertad para exigir de las autoridades tal o cual medida, y otra muy distinta que para dimensionar la petición se acuda a medidas de hecho que afectan al resto de la población.
Es necesario, pues, ponerle coto a esta situación. No se puede seguir permitiendo que al menor asomo de inconformismo o denuncia, se acuda al bloqueo de vías interdepartamentales o de las principales autopistas de ciudades capitales e intermedias. Y peor aún, motivados en no pocas ocasiones por hechos de poca magnitud o con un nivel de afectación local o incluso apenas barrial.
Tampoco se puede desconocer que muchas veces en estos taponamientos viales los organizadores no tienen el menor empacho en poner en peligro a menores de edad, que terminan siendo utilizados como una especie de ‘escudos humanos’ para neutralizar la acción de las autoridades en su esfuerzo legal por recuperar el espacio público taponado y hacer respetar el libre derecho a la locomoción.
Hay situaciones anómalas que requieren medidas de choque y drásticas para erradicarlas. En el caso de los bloqueos viales, ya hacía falta actuar en esa dirección, obviamente siempre respetando los derechos fundamentales.
SE NECESITA CARRERA ADMINISTRATIVA EFECTIVA PARA ACABAR CORRUPCIÓN: UNGAR
La directora de Transparencia por Colombia señaló que es urgente mejorar el sistema de acceso a la información para saber cómo se toman las decisiones.
Para combatir la corrupción, que pulula en varias de las entidades estatales, es necesario un programa eficaz de prevención que incluya una carrera administrativa eficaz, de tal manera que sólo sean ocupados los cargos por méritos, y crear un sistema de acceso a la información trasparente, para que la ciudadanía sepa qué decisiones se toman y quiénes las ejecutan. Estas directrices fueron propuestas por la directora de la corporación Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, quien en declaraciones a EL NUEVO SIGLO resalta que el Plan Nacional de Desarrollo incluye un artículo dedicado a la lucha contra la corrupción.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es su lectura de los últimos casos de corrupción descubiertos en varias dependencias gubernamentales?
ELISABETH UNGAR BLEIER: Efectivamente en los últimos meses el país ha presenciado un espectáculo absolutamente lamentable, porque se han conocido hechos de corrupción en casi todas las instancias del Estado, y en el cual están involucrados no solamente funcionarios públicos, sino también representantes del sector privado. En buena hora los órganos de control, los órganos de investigación y la justicia han empezado a actuar. Sin embargo, aquí es muy importante mandar el mensaje de que las investigaciones van a llegar a feliz término; que los culpables, cualquiera que sea su importancia social o política, cualquiera que sea el cargo que hayan ocupado, van a ser sancionados ejemplarmente. Si en este momento las investigaciones no arrojan resultados concretos, y los culpables, sin importar si han sido ministros o ex ministros, o eventualmente ex presidentes de la República, no son sancionados ejemplarmente, corremos el riesgo de que la desazón que vive la ciudadanía frente a este tema, aumente. En buena hora estas investigaciones están comenzando a dar resultados, pero este es un primer paso, porque la impunidad es el mayor enemigo para luchar contra la corrupción.
ENS: ¿Cómo ha visto la reacción del actual Gobierno para atacar la corrupción?
EUB: Se han tomado algunas medidas, el Gobierno presentó y fue aprobada una ley anticorrupción que contiene elementos muy importantes, y por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo del país hay un capítulo dedicado a la lucha contra la corrupción, esto es muy loable. Colombia tiene aún, antes de la aprobación del estatuto (anticorrupción) un marco normativo bastante desarrollado en el tema, pero el problema es que las normas no se aplican y se burlan.
Finalmente es importante develar que la corrupción en Colombia está profundamente ligada al narcotráfico, al paramilitarismo, y en esa medida es mucho más difícil combatirla y al mismo tiempo sus implicaciones son mucho más profundas.
ENS: ¿Qué otras medidas se deben implementar para acabar con este mal?
EUB: La sanción es muy importante, pero es uno de los muchos componentes que debe tener una política anticorrupción. Es fundamental trabajar en el tema de prevención, y este tema va desde crear una carrera administrativa que funcione, de manera que los funcionarios públicos por sus méritos ocupen los cargos que deben ocupar, sin necesidad de estar buscando padrinos políticos para ocuparlos, al igual que un sistema de acceso a la información totalmente transparente, de manera que la ciudadanía pueda conocer realmente qué está sucediendo, quién toma las decisiones, cuáles son los resultados, que abarque el sistema de contratación, lo mismo que el fortalecimiento de la institucionalidad para identificar e impedir riesgos de corrupción. Ahí comienza la prevención, si se trabaja fuertemente en temas de cultura ciudadana, de que el ciudadano entienda que es víctima de la corrupción y que se puede hacer algo al respecto, se dará un paso muy importante para que posteriormente en el sistema penal las sanciones, las penas, empiecen a funcionar. Por bueno que sea un sistema judicial, siempre va a quedar cojo e insuficiente, si no hay una muy buena voluntad política y una muy clara voluntad ciudadana, y ante todo un tema de prevención
DE VIDA O MUERTE
Por DIANA SOFÍA GIRALDO
“Aclaración tiene que ser inmediata para restablecer la confianza en el sistema”
EL caso de la salud no es como los otros robos gigantescos que se vienen destapando en una cadena que parece sin fin. Este es fundamentalmente distinto. Es de vida o muerte.
La opinión pública pensaba que los defectos en el funcionamiento del sistema eran sólo de atención a los usuarios. Las quejas se acumulaban por montones y se referían siempre a una prestación deficiente del servicio en casos puntuales, a la renuencia de atender enfermedades de difícil diagnóstico o de tratamiento costoso y a las demoras en suministro de drogas.
Los usuarios disgustados acudían, entonces, a la tutela. El problema individual quedaba en manos de la decisión judicial y, poco a poco, con la repetición de sentencias similares se iba formando una jurisprudencia que contribuía a aclarar las relaciones entre el paciente y las instituciones de salud.
Además, la vigilancia estatal, que se suponía cercana y eficaz, garantizaba que el régimen de salud no se saldría de sus cauces y que la mirada celosa del Estado no permitiría que se desbordara el afán de ganancia si alguien decidía aprovechar la salud y su cuidado como un negocio de alta e inmediata rentabilidad.
Con las tutelas y la vigilancia los riesgos de abusos se minimizan, pensaron Estado y particulares, y siguieron mirando a las empresas e instituciones prestadoras de salud como un sector que se consolidaba con prontitud, ajustándose con relativa rapidez al nuevo régimen.
Nadie imaginó que el problema venía por otro lado, hasta que las denuncias de trampas en la facturación y en los recobros mostraron una increíble descomposición dentro del sistema, que debe repararse cuanto antes si no queremos que todo él colapse por falta de confianza.
No hay lugar a las investigaciones “exhaustivas” que desde el principio se sabe que terminan en nada, ni a los interminables estudios que ahogan bajo montañas de papel hasta las mayores irregularidades.
Si en alguno de los escándalos que plagan el ambiente colombiano en estos días se necesitan aclaraciones rápidas es en éste, que afecta nada menos que el derecho a la salud y a la vida de los colombianos. Aquí no están de por medio sólo unos fondos públicos, cuya malversación le roba a cada contribuyente una parte de su trabajo. Al que paga la valorización que después se roba un contratista, le quitan parte de su dinero convirtiéndolo en víctima de un robo colectivo. A quien le rapan dinero destinado a la salud no sólo lo empobrecen. Lo matan. Tarde o temprano lo matan.
La aclaración tiene que ser inmediata para restablecer la confianza pública en el sistema y despejar cualquier duda sobre las entidades que lo conforman. Las demoras sólo acrecientan la incertidumbre y generalizan el descrédito.
Y es urgente, además, para reafirmar la confianza en los controles que se ejercen y que aseguran la limpieza del sector.
Los robos de fondos destinados a la salud son más graves que un delito contra la administración pública o que un delito financiero común. Son cuestión de vida o muerte